A vísperas de las elecciones en Bolivia, realizadas este domingo (18), el país se prepara para uno de los momentos más cruciales de su historia. Desde el terror extendido por los sectores más conservadores y radicales del país, a la posible victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) en primera vuelta, pasando por la turbulencia política y la pandemia del coronavirus, son muchos los temas que están en juego en esta contienda presidencial.

Brasil de Fato conversó con Adriana Guzmán, referente del feminismo comunitario en Bolivia e integrante de la organización Feministas del Abya Yala.

 

A casi un año del golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales (MAS), primer mandatario indígena del país, Guzmán comenta sobre la situación de la nación andina y el contexto electoral desde la perspectiva de las organizaciones sociales, así como lo que esperan de las elecciones del 18 de octubre, que se celebrarán después de que la fecha haya sido pospuesta tres veces.

En la opinión de la feminista aymara, estas elecciones presidenciales son el resultado de la presión y la resistencia de las organizaciones y movimientos populares. Para ella, las elecciones se desarrollan en un contexto de violencia, persecución política y partidaria, desconfianza del actual Tribunal Supremo Electoral (TSE), además del desgaste del actual gobierno y los rumores de ataques de la derecha contra el proceso electoral y el MAS, que lidera las encuestas de opinión.

“Son elecciones totalmente en desigualdad de condiciones. Hay una violencia sistémica organizada desde el Estado sea contra el MAS o sea contra quienes decimos lo que pensamos, contra quienes llamamos a esto ‘gobierno de facto’, y no gobierno transitorio, a quienes denunciamos un golpe. O sea, hay una persecución política por lo que dices y por lo que piensas”, afirma Adriana.

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Las encuestas de opinión muestran que el candidato del MAS Luis Arce es el favorito en las votaciones, seguido por el candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, y Fernando Camacho del partido Creemos. El sistema legal boliviano establece que para ganar en la primera vuelta, el candidato debe obtener el 51% de los votos válidos o el 40% de los mismos con una diferencia de 10 puntos respecto al segundo lugar.

Los rumores de un posible fraude por parte de la derecha han tenido diferentes indicios en las últimas semanas, como la renuncia de la presidenta interina Jeanine Añez (Juntos) a su candidatura y del candidato Tuto Quiroga, del partido Libre21, que renunciaron para “evitar el triunfo del MAS”, según dijeron. Además, del intento permanente de anular la candidatura del MAS a días de las elecciones y una visita inesperada a los Estados Unidos del ministro de gobierno interino, Arturo Murillo.

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Para las organizaciones y movimientos sociales, según la perspectiva de Adriana Guzmán, lo que está en juego en estas elecciones es la recuperación de los derechos y logros obtenidos en los últimos 14 años, como la creación de un Estado Plurinacional, así como la descolonización de la educación, la lucha contra todas las formas de discriminación y la continuidad del proceso de autodeterminación de los pueblos originarios, que, según ella, está aún lejos de alcanzarse.

“Creo que estamos viviendo un momento muy difícil, porque no sólo se está amenazando la autodeterminación de los pueblos de Bolivia, sino también la de todos los pueblos del mundo”, asegura.



La militante Aymara, miembro del movimiento Feministas del Abya Yala, le cuenta a Brasil de Fato sobre los acontecimientos políticos en su país en el último año / Jose Nicolini/Página12

Lea la entrevista completa:

Brasil de Fato: ¿Cuál es su balance de la realidad boliviana durante el último año?

Adriana Guzmán: Destacaría tres dimensiones. En términos de estado, creo que este año ha servido para demostrar que quienes fueron elegidos para administrar este golpe, este grupo vinculado a las oligarquías y los terratenientes (Jeanine Añez, Arturo Murillo, Yerko Núñez y otros) son incapaces de gobernar en todas las áreas de la administración del estado, en la salud y en las políticas mínimas que podrían haber hecho para el país.

Una de sus principales funciones era convocar elecciones, por eso se hicieron llamar como un ‘gobierno transitorio’, ficticiamente, ya que en realidad son un ‘gobierno de facto’, no un gobierno transitorio, porque un gobierno transitorio no hace masacres, no entra [al gobierno] a través de un motín policial, ni  con las fuerzas  militares.

Las elecciones se suspendieron cuatro veces entre mayo y septiembre. El resultado de esto fue el desgaste de la palabra del gobierno, un desgaste que se extiende al Tribunal Supremo Electoral, siendo este el aspecto más crítico de estas elecciones, ya que nadie cree en el  Tribunal Electoral.

Finalmente, las elecciones se marcaron para el 18 de octubre, pero sólo después de la presión de las organizaciones sociales en agosto, a través de bloqueos de carreteras y manifestaciones.

Aunque nosotras, como organización, esperábamos que las elecciones no se suspendieran hasta el 18 de octubre si no se mantuvieran para el 6 de septiembre, porque muchas personas quedaron frustradas después de haber estado en las calles durante 10 días, en huelgas de hambre, en bloqueos de carreteras. En ese momento, había una fuerza significativa que tenía un único pedido que era “¡Fuera, Añez!” Sin embargo, se decidió que esto se resolvería en las urnas, como si eso fuera posible. Como si eso fuera posible digo, porque los gobiernos de facto nunca entregan el poder en las urnas.

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Una segunda dimensión, es el tema de la salud. Hemos vivido un golpe con pandemia. Entonces, en vez de actuar en términos de salud, el gobierno de Añez utilizó la pandemia para la persecución, para mantener la militarización, represión, el uso innecesario de las fuerzas policiales y militares, el control del espacio público para encarcelar y detener a quienes estaban tratando de vender algo para sobrevivir.

Entonces, nosotras llamamos a eso como abandono genocida del Estado, ya que ha sido una decisión. Y esta decisión ha causado más de 5 mil muertes. Ha sido una decisión del Estado porque no habilitaron los hospitales necesarios.

Por otro lado, la corrupción y malversación de fondos en la compra de los respiradores, barbijos y material de bioseguridad. El gobierno no se ocupó ni siquiera de los médicos que estaban atendiendo en plena pandemia sin ningún equipamiento, por eso la cantidad de enfermeras y de médicos que han muerto en esta lucha contra la pandemia.

Otra cuestión, es que gran parte de las muertes, por ejemplo, son de policías, debido a que el gobierno no ha brindado ningún equipamiento, ninguna medida de emergencia a los policías. Son más de 2 mil policías que han muerto, porque han estado expuestos sin ninguna medida de seguridad. 

No ha habido un plan de emergencia específico territorial para los lugares con mayor índice de contagio, por ejemplo [las ciudades de] Santa Cruz, Montero, Beni, que han tenido altos índices de contagio porque los Parques Industriales de los grandes empresarios, de aquellos que sostuvieron el golpe, no han parado. Son sus trabajadores los que han muerto, los que se han contagiado, porque no han dejado de trabajar. 

Otra dimensión, sería la administración de los intereses económicos del país para el beneficio de las transnacionales, del capital extranjero. Es decir, la negociación de los contratos sobre el litio, el ingreso de semillas transgénicas, la privatización de gran parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la concesión de nuevos contratos a empresas como Petrobras por ejemplo, mientras que para el pueblo sólo persecución y nada en materia de salud.

Todas estas cosas han hecho que la imagen de este gobierno se desgaste tanto que Jeanine Añez tuvo que renunciar a su candidatura

¿Y en relación a las organizaciones sociales?

Las organizaciones sociales hemos venido recuperando fuerza y auto-organización. A pesar que el golpe nos ha afectado mucho, primero porque nos encontró desgastados a las organizaciones ya que no nos esperábamos un golpe. Muchos de nosotros incluso jamás habíamos vivido un golpe. Entonces ha sido muy difícil recuperar la fuerza, el estado de ánimo, salir del miedo a la persecución. Sin embargo, frente a eso hemos fortalecido nuestra capacidad, la posibilidad de sacar al golpe la rabia, la lucha contra la impunidad, todo esos sentimientos se han juntado, se ha creado fuerza y en agosto lo hemos manifestado

Yo creo que de a poco las organizaciones de base se están fortaleciendo con un objetivo en común que es sacar al golpe. 

Diferentes organizaciones internacionales alertan sobre graves violaciones a los derechos humanos, incluso de lesa humanidad, durante este año.¿Qué dirías sobre eso?

Yo creo que sistemáticamente hay delitos de lesa humanidad. Lo que ha sucedido el año pasado en noviembre, la masacre de Huayllani, la masacre de Ovejuyo que nadie cuenta, la masacre de Senkata, las represiones en K’ara K’ara.

Entonces, esos son delitos de lesa humanidad porque ha sido la institución del Estado, la fuerza del Estado que se ha estrellado contra civiles desarmados, porque nadie estaba armado ahí, no hay tales enfrentamientos como mencionan.

Por otro lado, las presas y los presos políticos han sufrido tortura. El caso Ayben Huaranca  un enfermero detenido en Senkata por estar auxiliando a los heridos ha estado casi seis meses en la cárcel y le han sacado los dientes como parte de la tortura.

El caso de Patricia Hermosa que abortó en la cárcel sin acceso a la atención médica, detenida en condiciones absolutamente irregulares, sin proceso, sin imputación, meses en la cárcel, ahora está con detención domiciliaria.

Han habido violencia sexual dentro de las cárceles, violencia sexual durante las masacres cometidas por estos grupos paramilitares (como las Resistencias Juveniles) que están vinculados al Estado, a los grupos de poder que hicieron el golpe y que siguen funcionando con el permiso del Estado.

Han habido delitos de lesa humanidad contra la población indígena, contra las mujeres de pollera [mujeres indígenas], violencia hacia niñas, niños y todo eso está en el informe de la Defensoría del Pueblo, está en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en los informes que las organizaciones sociales nacionales e internacionales han hecho.

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Se habla de una Bolivia polarizada y también se observan incidentes de carácter racista, clasista y patriarcal, especialmente contra los sectores indígenas. ¿Qué está sucediendo en el país?

Primero creo que el golpe en Bolivia ha sido un golpe al pueblo y un golpe racista. Necesitaba ser racista, porque quienes han hecho aquí un proceso de transformación del Estado, de las comunidades, del territorio, de la educación, de la economía son los pueblos indígenas originarios campesinos.

Somos quienes nos denominamos Aymaras, Quechuas. Entonces necesitaba ser racista porque el mensaje es sobre nosotros, pueblos indígenas, lo que significa: “No pueden autogobernarse”, “No pueden autodeterminarse”, “Aquí ningún Estado Plurinacional, vamos a volver a la República”, “Ninguna Pachamama, vamos a entregar el país en las manos de Dios”, “Su whipala [bandera de los pueblos originarios] no sirve, aquí se respeta la bandera [de Bolivia]”.

Entonces, todo este discurso atenta contra la autonomía de los pueblos, contra la capacidad de autogobierno, no sólo en Bolivia sino en la región, porque este es un mensaje para los pueblos del mundo.

Imaginate que en Bolivia el 63% indígenas con toda la fuerza para discutir una Asamble constituyente y nos hacen un golpe. Entonces, es un golpe para los Mayas en Guatemala, para los Tsotsiles, Tzeltales en México, o sea, es un golpe para todos los pueblos del mundo.

Por otro lado, creo que hay una manipulación de la información en términos de que Bolivia está polarizada. Yo considero que la mayor parte de Bolivia está en contra del golpe, está en contra de las masacres, está en contra de la gestión y el abandono de este gobierno.

Por tanto, no es que está polarizada. Hay un grupo de poder que ha hecho un golpe, tiene sus grupos paramilitares y hay un determinado segmento de la población que se ha sumado a todo eso, o que es cercano a eso por su racismo, porque vivimos en un país profundamente colonial y profundamente racista.

Los 14 años del proceso de cambio lo único que ha hecho es administrar el racismo, es decir, que se callen que no pueda ser impunes, que no puedan decir “indios de mierda, salvajes, ladrones, ignorantes, feos, sucios”.

Entonces, creo que hay un segmento racista de la población que se identifica con los discursos racistas, fascistas, pero no es todo el país, ni siquiera es la mitad del país para decir que está polarizado.

Es una manipulación de los medios, una manipulación del discurso, es una estrategia que utiliza el discurso fundamentalista para mostrar que lo que está mal es ser indio, tener nuestra cosmovisión. Vimos los discursos de Añez que van desde los “ritos satánicos” hasta todo un cuestionamiento a la Pachamama.

¿Cómo está el panorama electoral, se habla de enfrentamientos violentos, ataques a las campañas electorales?

Primeramente, creo que los pueblos de la región estamos viviendo un momento desesperación, de sobrevivencia y eso ha hecho que, en el caso de Bolivia frente al golpe, aceptemos ir a unas elecciones que no corresponden, porque no se ha demostrado el fraude [de las últimas elecciones acusadas por] la OEA. Y si no se ha demostrado un fraude, las elecciones legítimas son las del 20 de octubre del 2019.

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Qué pueblo va a elecciones cuando sus elecciones ya estaban hechas, tiene que ser un pueblo que ha sido golpeado, masacrado, pues no nos queda de otra.

Estamos yendo a las elecciones en condiciones obligadas, desesperadas, aceptando una elección que no corresponde, con dirigentes perseguidos, encarcelados. Con dirigentes cuya participación ha sido anulada o ha sido impedida por diferentes razones.

Muchos de los candidatos del MAS, por ejemplo, vienen de sectores indígenas y también de sectores empobrecidos. Entonces, si tenemos una pandemia que ha atacado y ha matado a quienes son empobrecidos, no solamente por el virus sino por el abandono del Estado. Vemos que son más de 11 candidatos de este partido que han fallecido con coronavirus y han tenido que ser reemplazados en este último mes. Algo que no vamos a ver en los partidos de los ricos, porque la gente rica no muere con los virus, la gente rica tiene dinero para curarse de los virus. Entonces, son condiciones muy difíciles en las que está yendo el MAS.

Sobre las campañas electorales es importante decir que no hay enfrentamiento, porque los enfrentamientos son entre iguales. Tanto Comunidad Ciudadana como Creemos tienen el apoyo del gobierno, tienen el apoyo de la policía, hacen sus campañas custodiados por los militares, en cambio el MAS no tiene nada.

Entonces, ahí no hay ningún enfrentamiento, a lo mucho lo que habrá es legítima defensa. Si les pegan, les escupen, les echan agua sucia, ¿qué van hacer? Tienen que reaccionar, tienen que defenderse, tienen que protegerse.

En este sentido, creo que la capacidad del MAS para reorganizarse, para hacer campaña en esas condiciones, donde se les persigue por todo, incluyendo el intento de anular su personería jurídica como partido a días de las elecciones, es muy valorada. ¿Cómo puede un partido hacer campaña si tiene que estar en las audiencias tratando de no ser anulado?

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Por otro lado, el Tribunal electoral ha perdido su credibilidad, porque ha ido suspendiendo las fechas, porque está haciendo hacer las papeletas [de votación] con alguien allegado a Doria Medina, que era candidato a la vicepresidencia de Jeanine Añez, porque está designando a los militares para transportar la información de los votos y porque está actuando de forma irregular.

¿Se podría hablar de un posible fraude electoral?

Yo creo que hay que ir a votar con una mano y hay que ir a luchar con la otra, porque el voto no está garantizado, porque el TSE responde a un gobierno de facto, lo ha demostrado en estos 11 meses, ya que en ningún momento mostró su autonomía.

Entonces, hay que ir a defender nuestro voto, hay que ir a ver las condiciones en las que se están realizando las elecciones, porque los veedores para garantizar el proceso, son los veedores de la OEA, son los que el año pasado empezaron a generar las ideas de golpe, a generar desconocimiento de las elecciones y justificaron un golpe al pueblo y las masacres.

Sin embargo, creo que ahora una posibilidad para enfrentar lo que puede ser un posible fraude es que haya veedores de las organizaciones, veedores de organizaciones amigas, de países amigos, de movimientos de izquierda, los cuales puedan venir a ver, estar, y decir cómo se está desarrollando las elecciones y a denunciar si es que hay un fraude.

Es difícil ver por dónde podría venir el fraude, pero el hecho de que la OEA ya está aquí, obviamente genera una gran desconfianza.

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Es un momento crucial en la historia democrática de Bolivia. ¿Qué está en juego en las próximas elecciones según las organizaciones sociales?

Primero hay que reconocer que los conflictos que se han desatado en el país como el racismo, el colonialismo y la intención de la oligarquía boliviana de tomar el control del país, de la economía y del gobierno, no se resuelve con las elecciones.

Es decir, las elecciones van a servir para recuperar la administración del Estado, pero el racismo no se resuelve con elecciones, los grupos paramilitares no van a desaparecer con las elecciones, quienes sostienen y financian estos grupos, están de candidatos, después de las elecciones van a ser senadores  o diputados.

Entonces, creo que el racismo se va a profundizar, porque vamos a tener diputados fundamentalistas en la Asamblea Plurinacional, que siguen a Camacho [candidato de la extrema derecha y promotor del golpe del año pasado]. Porque aunque Camacho no gane, va a tener senadores y diputados, y esos son los fundamentalistas más extremos del país.

Yo creo que todos los candidatos van a lograr escaños en la Asamblea Plurinacional. Y todos ellos pertenecen a la derecha más fundamentalista y racista que ha existido en la historia del país.

Ante eso, creo que nos estamos jugando la existencia. Nos estamos jugando la posibilidad, como pueblos, de seguir construyendo camino hacia nuestra autodeterminación.

Nos estamos jugando la existencia, porque va a ser mucho más difícil nombrarse Aymara, hablar aymara o quechua y querer vivir desde nuestra cosmovisión y  espiritualidad, teniendo una Asamblea llena de fundamentalistas, racistas y fascistas, aunque ganará el MAS.

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Otra cuestión que está en juego, son todas las cosas que se han construido, el Estado Plurinacional, la educación descolonizadora, la lucha contra toda forma de discriminación. Si gana Mesa o Camacho habrá un retroceso, hablaran de volver a la República. Perderemos todo lo que hemos venido luchando en estos 14 años.

Si gana el MAS me parece que también va a ser muy difícil la gobernabilidad, porque el Congreso va tener gente de Camacho y Mesa, que no se van a conformar, van a seguir presionando, van a tener a sus grupos paramilitares activos todo el tiempo. Entonces va a ser muy difícil el gobierno del MAS si es que no llega a acuerdos.

Y ahí yo me asusto porque, qué tipos de acuerdos, ya que se pueden negociar algunas cosas, pero negociar la impunidad, por ejemplo, si los acuerdos fueran de dejar impunes a los autores de las masacres, no tocar a los militares que han masacrado, no hacer un juicio a los policías que se han amotinado y que también han masacrado [al pueblo], no desarticular los grupos paramilitares. En fin, si esos serían los posibles acuerdos del MAS, yo creo que también va a ser difícil gobernar con las organizaciones sociales.

Nosotras como organización creemos que no se puede construir  el país así, entonces no habrá paz sin justicia. No queremos otra vez como la masacre del gas (2003), ver que un asesino se fuga a otro país. Nosotras queremos a Jeanine Añez y Arturo Murillo en la cárcel, porque son los autores de las masacres, y para nosotras es una cuestión fundamental.

O sea, vemos que en cualquier escenario, va a ser muy difícil lo que vamos a vivir después de las elecciones.

Edición: Rodrigo Chagas



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