La deforestación en la Amazonía este año alcanzó 11.088 km2, la mayor superficie devastada en los últimos 12 años. Hubo un aumento del 9,5% en relación con 2019. Los datos fueron presentados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), una agencia federal que monitorea la devastación en los biomas brasileños a través de satélites.

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Con estas cifras, la devastación en el segundo año del gobierno de Jair Bolsonaro alcanza un índice 70% superior al promedio registrado entre 2009 y 2018. Para cumplir el objetivo de la Política Nacional sobre el Cambio Climático (PNMC), el país necesitaría tener una deforestación máxima de 3.925 km2 este año. El total registrado es un 180% más alto.

Un análisis del Observatorio del Clima señala que el actual escenario es el resultado de un conjunto de factores que implican el debilitamiento de la fiscalización, el desmantelamiento de los órganos ambientales y el recorte de las inversiones en preservación. En una nota, la entidad enumera la suspensión de las multas por parte del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), el congelamiento del Fondo de la Amazonía, la persecución a agentes, entre otras acciones del Gobierno Federal que obstaculizan la protección del bioma.

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“Omisión criminal al no gastar el dinero destinado a fiscalizar y a las políticas ambientales, difamar a quienes producen conocimientos técnicos y científicos e intentar de forma improvisada militarizar la selva. Todo esto se ha visto en los últimos 22 meses”, dice la nota. La entidad advierte: “Brasil debe ser el único gran emisor de gases de efecto invernadero que ha aumentado sus emisiones en el año en que la economía mundial se detuvo a causa de la pandemia”.

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También hay una percepción de que los números cumplen “un exitoso proyecto de aniquilar la capacidad del Estado brasileño y de los organismos de fiscalización para cuidar nuestras selvas y combatir el crimen en la Amazonía”. Este es el precio de “pasar la boyada” (sic) [en referencia a la expresión utilizada por el ministro de Medio Ambiente en Brasil, que significa desmantelar la política ambiental]. Marcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, concluye: “Siempre que la deforestación se incrementa, nos preguntamos qué fue lo que falló en los intentos de controlar los delitos ambientales. Esta vez, sabemos que el aumento ocurrió porque todo salió bien para el gobierno”.

“Este proyecto de destrucción tan bien ejecutado costará caro a Brasil. Estamos perdiendo acuerdos comerciales, convirtiendo literalmente nuestro poder blando en humo y aumentando nuestro aislamiento internacional en un momento en el que el mundo está entrando en un reajuste crítico en la lucha contra la crisis climática”, continúa. “Este gobierno funciona como una maquinaria para producir noticias vergonzosas para el país, especialmente en el tema ambiental. Bolsonaro es el mayor saboteador de la imagen de Brasil”, añadió.

Al anunciar los datos, el vicepresidente Hamilton Mourão, que preside el Consejo Nacional de la Amazonia Legal, dijo que “los esfuerzos que se están realizando están empezando a dar frutos”. En su opinión, dado que las expectativas para este año eran más altas, el índice registrado forma parte de un “comienzo de una tendencia decreciente”. Más del 30% de la deforestación, según el general retirado, ocurre ilegalmente en áreas públicas.

Edición: Rebeca Cavalcante



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