La “lluvia de veneno” es un artificio utilizado por los empresarios del agronegocio para fumigar masivamente sus cultivos. Sin embargo, este mecanismo también perjudica a los agricultores y a los pueblos indígenas que viven de la tierra.

El 25 de enero, una fumigación aérea ilegal de pesticidas cubrió un territorio indígena Tembé y un campamento del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) situado en el municipio de Santa Luzia do Pará, en el estado de Pará, en la región norte del país. La ciudad se sitúa en las cercanías del municipio de Capitão Poço, donde el líder indígena Isac Tembé, de 24 años, fue asesinado a balazos en el pecho el pasado viernes (12).

Daños ambientales y sanitarios

Considerada un crimen ambiental en Brasil, la “lluvia de veneno” no sólo provocó pérdidas en los cultivos, sino que también causó dificultades respiratorias, alergias y picazón entre los agricultores. Según un miembro del MST, una mujer embarazada se enfermó como consecuencia del veneno.

Nailce Verônica es profesora de geografía y vive en el campamento Quintino Lira, víctima de la fumigación ilegal. Ella forma parte de la coordinación estadual del MST y dice que, desde 2017, las comunidades del municipio de Santa Luzia do Pará vienen sufriendo una serie de agresiones.

“Para los agricultores y terratenientes, es mejor echar veneno encima de las comunidades que pagar a la gente para que haga la roza, la juquira [cortar la grama manualmente y eliminarla de los cultivos]. En 2018, pasó en la comunidad de Piracema, cerca de nosotros y de las aldeas [Tembé]. Y cuando fue la semana pasada, desde el lunes, comenzó la fumigación aérea sobre nuestro campamento. La Finca Bom Jesus, que se ubica en el municipio de Viseu, es propiedad de un grupo de empresarios – no sabemos sus nombres. Empezaron a fumigar veneno y este veneno afectó directamente nuestros cultivos, provocando no sólo daños ambientales, sino también daños a la salud de las personas”, dice.

Verónica enumera algunos de los síntomas de los habitantes de la comunidad y menciona que la fumigación destruyó 59 parcelas de cultivo.

“Muchos sintieron picazón y ardor en los ojos, picazón en todo el cuerpo, dificultad para respirar. El hedor del veneno era muy intenso. Según algunas personas que lo saben, el veneno que se pulverizó es el herbicida Tordon, que mata todo”, detalla.

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Delito ambiental

El artículo 10 de la Normativa nº 02 del 3 de enero de 2008, emitida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, prohíbe la aplicación aérea de plaguicidas en zonas ubicadas a una distancia mínima de 500 metros de las comunidades. El uso indiscriminado de plaguicidas provoca dolores de cabeza y garganta, diarrea y fiebre.

Se confirma la contaminación

Por solicitud de la comunidad, un informe elaborado por la Secretaría Municipal de Medio Ambiente de Santa Luzia confirmó la fumigación ilegal de pesticidas en el campamento Quintino Lira y en en territorio indígena del pueblo Tembé.

“Visitamos una de las zonas y comprobamos visualmente la influencia del producto originado por el viento en los cultivos de yuca, que mostraban el marchitamiento de las hojas, así como los síntomas ya demostrados en otros cultivos de las comunidades ya mencionadas”, dice el documento.

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Disputa territorial 

La zona afectada por el veneno está ocupada desde 2007 por agricultores del MST. El local se llama ahora Acampamento Quintino Lira, zona antes conocida como Fazenda [Hacienda] Cambará.

Desde 2018, las familias alrededor de la Fazenda Bom Jesus han sufrido por la fumigación aérea de pesticidas. No obstante, el campamento nunca había sido directamente afectado hasta el 25 de enero de 2021 cuando se dio fumigación directa, como “lluvia”.

Presentan la denuncia

La abogada de la Sociedad Paraense de Defensa de Derechos Humanos (SDDH), Jesus Gonçalves, explica que la organización reclama la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública (Segup), así como un estudio de las licencias ambientales.

“Ya hemos enviado las denuncias a la SEGUP y a los organismos municipales y la situación sigue siendo la misma. Lo que pedimos al gobierno de Pará es que investigue y compruebe si hay licencias ambientales y, si se concedieron, en qué situaciones se concedieron, porque la zona de deriva de las fumigaciones está afectando directamente a las comunidades, no sólo al campamento Quintino Lira, sino también a las comunidades indígenas del entorno”, dice Gonçalves.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social de Pará (SEGUP) dijo que “recibió la solicitud y la remitió a la Policía Civil para su investigación. Sin embargo, es posible que parte de los hechos denunciados sean responsabilidad de la Policía Federal por tratarse de un asunto vinculado a los territorios indígenas”.

Edición: Rodrigo Durão Coelho



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