“Sólo el pueblo salva al pueblo”. Partiendo de esta idea, la Fundación Pueblo a Pueblo busca aplicar en la realidad la unión y la solidaridad entre el campo y la ciudad. El proyecto se basa en llevar los alimentos producidos por las comunas rurales venezolanas a las comunas urbanas. La propuesta consiste en suprimir los intermediarios y garantizar la división social de la producción: asegurar que el agricultor no pierda su cosecha y que el consumidor tenga acceso a una canasta de alimentos diversificada y a un precio justo.

“El plan Pueblo a Pueblo surge con este enfoque principal de trabajar esta dimensión de la agroecología: crear alianzas con movimientos populares del campo y la ciudad para distribuir alimentos saludables”, dice el coordinador del proyecto, Gabriel Gil.

Son 90 pequeños productores asociados que, desde 2015, han realizado alrededor de 250 jornadas de distribución, vendiendo más de 1,5 mil toneladas de verduras, hortalizas, frutas y hace poco comenzaron a criar cabras y cerdos y producir lácteos y proteína animal. El proyecto está estructurado en ocho estados del país y en el Distrito Capital.

La diferencia de la iniciativa se nota en la calidad y el precio de la comida. Mientras que el precio medio de los productos de Pueblo a Pueblo está alrededor de US$ 0,40 por kilo, en los supermercados y mercados mayoristas la media sube a unos US$ 1,50 por kilo. Entre un 15% y un 30% del valor final del producto se destina a pagar el combustible, los gastos de los vehículos y los sueldos de quienes colaboran con la Fundación.

Pese a la pandemia, el plan llegó a unas 53.000 familias sólo en el primer semestre de 2020. Con una economía muy debilitada en el país, con una variación de cambio del dólar del 2.642%, una tasa de inflación del 1.460% y una pérdida global del 50% del poder adquisitivo de los venezolanos, el plan mantuvo los precios estables y muy por debajo de los mercados durante todo el año.

Pero la crisis generada por el coronavirus también afectó al proyecto. Antes de la pandemia, las distribuciones eran mensuales, pero ahora los camiones de Pueblo a Pueblo pueden tardar hasta dos meses en llegar a la capital venezolana.

En Caracas, uno de los socios es la comuna Panal 2021, que alberga a 14.000 personas y está situada en la barriada 23 de Enero. “Nuestros combos tienen 12 productos: tomate, cebolla, pepino, cebolleta, puerro, cilantro, patata, apio, y si hacemos una comparación con los precios que hay por ahí, solo una de estas hortalizas costaría más que lo que estamos ofreciendo”, explica Lilian García, una de las portavoces de la comunidad durante la primera feria agroecológica de 2021.

“Sólo el pueblo salva al pueblo, ahora con este bloqueo y esta inflación, tenemos que encontrar la manera de producir y ayudarnos”, sostiene García.



En la distribución en la comuna Panal 2021, en Caracas, un combo con 12 productos cuesta unos 2 dólares, mientras que en los mercados de la capital, un kilo de tomates puede costar unos 3 dólares / Michele de Mello/Brasil de Fato

Autonomía para producir

Sin ayudas estatales, Laura Lorenzo, una de las fundadoras de Pueblo a Pueblo, explica que la clave está en compartir de forma transparente los gastos del productor, para valorar el trabajo del campesino, sin explotar a los consumidores finales. Además, el acuerdo establece que el pago debe llegar al productor rural en un plazo de ocho días a partir de la distribución, y una parte del importe se destina a un fondo común entre las comunas.

“Se puede, porque hay organización, sobre todo en un país con una historia de lucha por la tierra como el nuestro. Siempre ha habido disputa y explotación, siempre ha habido terratenientes, especuladores, quienes se aprovechan del trabajo del campesino, y eso ha obligado a nuestros campesinos, en todos los rincones de nuestro país, a tener ese deseo de organizarse, y sobre todo de organizarse para la producción”, cuenta.



En Carache, estado de Trujillo, Laura Lorenzo, Daniel Velásquez y otros comuneros se reúnen cada semana para planificar la cosecha / Michele de Mello/Brasil de Fato

No por casualidad, el plan se creó el mismo año en que Estados Unidos impuso un bloqueo económico a Venezuela. En ese momento, un grupo de seis ex funcionarios decidió volver a trazar la ruta que tomaron los guerrilleros venezolanos en la década de 1960, uniendo las comunas de la zona montañosa que conecta los estados centro-occidentales de Trujillo, Lara y Portuguesa.

“Empezamos celebrando reuniones con los productores, escuchando lo que necesitaban, para ver cómo podíamos solucionarlo. Y así empezamos a trabajar con ellos: a planificar la cosecha, cómo íbamos a distribuirla, dónde íbamos a distribuirla y a quiénes iba a llegar esta producción. Siempre dejando claro que sería el trabajo social el que nos permitiría tener un equilibrio organizativo tanto en el campo como en la ciudad”, explica Ana Dávila, que trabaja en la fundación desde 2015.

Hoy el proyecto tiene un centro de suministro en Barquisimeto, capital del estado de Lara, en una fábrica de tractores expropiada por la revolución bolivariana, y distribuye productos en nueve estados del país a comunas urbanas, instituciones educativas y otras organizaciones populares.

“Tenemos que demostrar, de forma autónoma, que podemos hacerlo. Está claro que será mucho más difícil. La [guerra imperialista contra Venezuela] es multidimensional y la lucha debe ser también multidimensional”, declara Gabriel Gil.



Ante la imposibilidad de mantener los tractores, los productores del plan Pueblo a Pueblo volvieron a utilizar la tracción animal / Michele de Mello/Brasil de Fato

Dificultades en el camino

De 2019 a 2020, los viajes de distribución se han reducido casi a la mitad. La razón: la falta de combustible. “Produzco calabacines, berenjenas, cebollas y zanahorias. Lamentablemente, el año pasado, por el problema de la gasolina, perdí parte de la producción de berenjenas y calabacines. Con la falta de gasolina no había forma de movilizarse”, dice Luis Loyo, propietario de una pequeña finca de 7 hectáreas en Humocaro Alto, en el estado de Lara.

Loyo informa de que algunos productores han abandonado ciertos cultivos, como el maíz y el café, porque el precio final no cubre los costes de producción.

Con la escasez y la autorización para vender combustible en dólares, el contrabando y el mercado negro imperan en el interior de Venezuela. Para comprar un litro de diésel o gasolina, un agricultor puede pasar tres días en la cola de una gasolinera y no conseguir llenar el tanque o incluso pagar hasta 2 dólares por litro de combustible.

“Aquí, en general, el productor vende a un intermediario. Es la única opción que tiene. Y si tiene un coche para llegar al sitio, es aún más fácil, porque el productor nunca tiene un camión para vender su producción en la ciudad. El intermediario se lleva la producción y paga cuando tiene que pagar. Es mejor así que perder todo el esfuerzo realizado”, dice Keiner Peraza, que dejó la ciudad hace diez años y regresó a su pueblo natal en el interior de Venezuela.



Con la Fundación Pueblo a Pueblo, los agricultores comenzaron a producir sus propios insumos agroecológicos / Michele de Mello/Brasil de Fato

Agroecología x Agronegocio

Los fundadores del plan destacan cómo los gobiernos chavistas retomaron un proceso de reforma agraria en el país, otorgando tierras a los campesinos que las trabajaban. La redistribución de las tierras productivas vino acompañada de la creación o expropiación de una serie de empresas agrícolas que conformaron una estrategia de lucha contra el hambre, que además fue alabada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

En 2017, el presidente Nicolás Maduro autorizó la creación del conglomerado Agrosur, que aglutinó a todas las empresas estatales vinculadas a la agricultura. Pero con las sanciones y el embargo económico de las potencias extranjeras, las empresas perdieron la capacidad de importar y subvencionar insumos para la producción agrícola, lo que hizo que el país mantuviera niveles de importación de alrededor del 70% de la canasta básica.

“Si pudiéramos activar el P del CLAP [Comité Local de Abastecimiento y Producción], que significa producción, sería extraordinario, porque entonces la canasta del CLAP tendría las particularidades locales. Y que haya esta propuesta de integración entre la comunidad campesina productora, el gobierno y los consumidores”, explica el agrónomo Gabriel Gil.

Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) son un proyecto del gobierno para distribuir canastas de alimentos en todo el territorio nacional y busca organizar a la población venezolana para combatir la especulación de los precios de los alimentos. Periódicamente, los ciudadanos del país inscritos en el programa reciben ayudas del CLAP, como una canasta básica de productos esenciales.

Por otro lado, desde 2019, en el marco de la crisis, el Ministerio de Agricultura y Tierras ha revisado su estrategia de recuperación productiva, orientando los recursos a las grandes propiedades. El plan Siembra 2020 liberó cerca de 200 millones de dólares en insumos, tractores y otros materiales: todo para la agroindustria.

“Nosotros decimos, con todo respeto al presidente Nicolás Maduro, pero hay intereses con la importación de alimentos. La mafia importadora de la oposición ha salido y ha entrado una nueva mafia, que en parte está formada por militares. Y este planteamiento de la burguesía revolucionaria, de ayudar a los grandes y no a los pequeños, es lo que nos está afectando”, critica Gil.



El plan recorre la ruta de Argemiro Gabaldón, que lleva el nombre de uno de los guerrilleros que en los años 60 luchó contra la dictadura organizando a los campesinos de la zona montañosa del país / Michele de Mello/Brasil de Fato

Soberanía alimentaria y política

Además de la gasolina, los fertilizantes e incluso las semillas se han vuelto inaccesibles para los pequeños productores. Un saco de 35 kilos de fertilizante, por ejemplo, puede costar 35 dólares, mientras que una lata de 450 gramos de semillas de cebolla se vende a 80 dólares.

Por eso, los creadores del plan Pueblo a Pueblo ofrecen talleres para producir sus propios insumos agroecológicos y rescatar semillas nativas venezolanas. Para el año 2021, la propuesta es crear una agroescuela en la región de Humocaro Alto, en el interior del estado Lara, para promover la agroecología como modelo de producción y de vida.

“Estar con el Pueblo a Pueblo es otra experiencia. Antes nos sentíamos apartados, ahora tenemos las reuniones y eso nos da más confianza, más transparencia para la producción”, dijo Daniel Velásquez, un agricultor del estado de Trujillo, donde se originó el plan.

Además de la organización social de la producción, también se propone crear condiciones para que los campesinos permanezcan en las zonas rurales: garantizar el acceso a la educación, fomentar el deporte, recuperar los caminos para el flujo de las cosechas y crear puntos fijos de venta de hortalizas y artesanías en el interior y en la capital.

“Ya hemos demostrado que somos capaces de producir lo que nos alimentará. Ahora tenemos que entender que sólo la unidad, la conciencia de clase: saber de dónde venimos, quiénes somos, con quiénes debemos estar. Por todo ello, este es el mensaje que nos dejó Chávez: estamos aquí, en pie de lucha. Seguimos avanzando con fuerza y creemos en la unidad regional, nacional y latinoamericana, porque creemos en la Patria Grande de Bolívar y Chávez”, concluyó Laura Lorenzo, una de las fundadoras del Pueblo a Pueblo.

Edición: Vivian Fernandes



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